Planes sociales: organizaciones mendocinas critican los cambios

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El Ejecutivo nacional implementó una serie de cambios en la entrega de planes sociales y obligará a los beneficiarios a completar los estudios primarios y secundarios y a capacitarse. Además dejará atrás el sistema por planilla que manejan las organizaciones sociales. Esta decisión generó resistencia en las organizaciones barriales locales y nacionales.

Los cambios previstos apuntan específicamente al programa “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, que se fusionarán en “Hacemos Futuro”. En el caso de la provincia de Mendoza, las organizaciones sociales mostraron su malestar con estos nuevos requisitos.

Uno de los que mostró su malestar fue el intendente de San Martín, Jorge Giménez, quien recordó que trabajaron con los planes hasta diciembre del año pasado. “Es un claro avance para ir eliminando este tipo de asistencia”, dijo el jefe comunal. “Teníamos muchas cooperativas, cerca de mil personas entre los dos planes. El municipio controlaba, era como un auditor”, sostuvo.

Desde Guaymallén el intendente, Marcelino Iglesias, se mostró a favor de los cambios y admitió que en otras épocas había mucho “clientelismo” con los planes sociales. “Los nuevos criterios creo que son razonables”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador en Mendoza de Barrios de Pie, Adrián Bonada, también manifestó su disgusto con la política del gobierno nacional. “Buscan eliminar la dimensión social de los programas sociales”, indicó. El coordinador explicó que hasta el momento había unidades productivas y cooperativas donde las personas trabajaban y cobraban el plan social.

“Ellos quieren hacer que la contraprestación laboral no exista más eliminando las unidades productivas y cooperativas de trabajo, es gravísimo”, sostuvo Bonada. Para Barrios de Pie es un “grave error”. En el caso de esta organización hay 150 familias que están dentro del plan Argentina Trabaja.

En cuanto a los 12 mil pesos anuales, que se informó a nivel nacional, que reciben las organizaciones sociales por beneficiario, el titular de Barrios de Pie, señaló que la organización nunca recibió nada. “En Mendoza no hemos recibido un peso. Lo que buscan es dar un golpe a las organizaciones comunitarias en revancha a la marcha del 21 de febrero”, añadió Bonada.

Desde el Movimiento Evita el senador Luis Böhm, también se mostró en contra de implementar la obligatoriedad de acreditar estudios, porque aseguró que con los 4.300 pesos que reciben los beneficiarios de planes no les alcanza para vivir y necesitan tiempo para salir a “changuear”.

Datos oficiales

La ejecución de este plan en Mendoza está a cargo de la directora de Economía Social y Asociatividad, Lorena Meschini. Según explicó la funcionaria, actualmente hay 1.380 personas beneficiarias del plan, de las cuales 680 pertenecían a “Ellas Hacen”.

“Las organizaciones sociales dejan de ser intermediarias entre el gobierno nacional y los titulares”, sostuvo. Además explicó que los doce mil pesos que antes recibían las organizaciones ya no los cobrará nadie.

Meschini aclaró que los dos programas habían surgido hace cuatro años. En ese momento San Martín y Capital eran las unidades ejecutoras. Capital tiene su convenio vigente mientras que el del este se venció.

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